IPPNW-AIMPGN:
Premio Nobel de la Paz en 1985.
International Physicians for the
Prevention of Nuclear War
Asociación Internacional de Médicos
para la Prevención de la Guerra Nuclear
Las personas, organizaciones y colectivos abajo firmantes queremos manifestar públicamente nuestra gran preocupación por las condiciones jurídicas y materiales en que se desarrolla el internamiento de extranjeros que prevé la Ley de Extranjería.
Según ésta, un inmigrante, simplemente por su situación administrativa irregular, puede ser privado de libertad hasta cuarenta días en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), mientras se tramita un procedimiento administrativo susceptible de concluir con la sanción de expulsión.
Durante este tiempo es custodiado por la policía, sin que se garantice un auténtico control judicial, ni esté suficientemente regulado el régimen y funcionamiento de estos centros.
A la opacidad de estos lugares se suman el hacinamiento, las deficientes condiciones materiales y la especial vulnerabilidad de las personas allí encerradas.
Por éstas y otras razones, la situación de los CIE ha sido objeto de duras denuncias por instituciones y organizaciones nacionales e internacionales de acreditada solvencia.
El Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno, lejos de corregirla, supondría una sustancial agravación de la situación descrita.
De acuerdo con el Proyecto, el internamiento podrá prolongarse hasta sesenta días, pudiéndose suspender su cómputo cuando se interpone habeas corpus o se solicita el asilo.
La ampliación del plazo de internamiento supondrá un empeoramiento de las condiciones de los CIE, sin que sea previsible un incremento relevante del número de expulsiones que justifiquen el gran coste económico de la medida y el deterioro de los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Por su parte, la posibilidad de ampliar aún más el plazo en los supuestos de habeas corpus y solicitud de asilo, además de su negativo mensaje en el sentido de penalizar el ejercicio de derechos fundamentales, resulta jurídicamente inviable por contradecir la Directiva de retorno.
Por las razones expuestas, solicitamos a todos aquéllos que intervendrán en el actual proceso de reforma de la Ley de Extranjería:
PRIMERO. Que se opongan firmemente a la ampliación del plazo de internamiento y a la posibilidad de suspender su cómputo.
SEGUNDO. Que aprovechen la ocasión para mejorar las condiciones jurídicas del internamiento. Entre otras medidas, resulta imprescindible garantizar un auténtico y efectivo control judicial de esta privación de libertad y completar la normativa sobre régimen y funcionamiento de los CIE.
TERCERO. Que reconsideren la legitimidad de privar de libertad a una persona con el fin de asegurar la ejecución de una eventual sanción administrativa.
"Dada la generosa respuesta que estamos recibiendo y la premura de tiempo, hemos abierto un formulario para que todos los ciudadanos y colectivos se puedan adherir más fácilmente. Se encuentra en nuestra página web, por si le podéis dar difusión:
Se puede firmar tanto por individualidades como por colectivos:
LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE)
Somos un grupo de profesionales del Derecho penal, integrado por profesores de Universidad, jueces, fiscales y abogados (Grupo Inmigración y Sistema penal) que queremos llamar vuestra atención y pedir vuestra ayuda en relación con uno de los aspectos más graves del Proyecto de Reforma de la Ley de Extranjería: el relacionado con el internamiento de extranjeros.
La Ley de Extranjería permite privar de libertad a una persona por el simple hecho de su situación de irregularidad, con el fin de asegurar una expulsión, que en muchos casos ni siquiera se decretará y en otros muchos no se podrá ejecutar.
Los Centros de Internamiento (CIE) son espacios de opacidad, no existiendo una normativa adecuada acerca de su funcionamiento, con lo que se promueve el abuso y la arbitrariedad.
Las funciones de custodia las ejerce el Cuerpo Nacional de Policía y, a diferencia de lo que ocurre en las cárceles, no hay un juez encargado de garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas delibertad.
A ello se une el hacinamiento y las deficientes condiciones sanitarias, de infraestructura, etc. Por estas y otras razones, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales han emitido informes criticando duramente las condiciones normativas y materiales de dichos Centros.
El Proyecto para la Reforma de la Ley de Extranjería agravaría drásticamente la situación descrita: se propone prolongar el plazo de internamiento –actualmente de cuarenta– a sesenta días.
Pudiera decirse que veinte días más no son muchos, pero evidentemente son demasiados cuando lo que se pretende es ampliar un internamiento constitucionalmente dudoso, éticamente inaceptable y que se produce en condiciones materiales y psíquicas de gran dureza.
Dicha ampliación es, además, una medida económicamente muy cara, que tendría que acometerse en detrimento de otras partidas mucho más necesarias, que empeoraría la deplorable situación de los CIE y que potenciaría la utilización del internamiento como una sanción encubierta a los inmigrantes irregulares, culpables tan sólo del delito de buscar una vida mejor.
Además, el Proyecto permite ampliar aún más el internamiento cuando el extranjero interpone un habeas corpus o solicita el asilo, resultando esta medida, aparte de otras consideraciones, contraria a la normativa europea.
Queremos impedir que estas medidas prosperen. Sin embargo, no lo tenemos nada fácil, entre otras razones porque el Gobierno ha habilitado los meses de julio y agosto para la tramitación del proyecto con carácter urgente y porque en plenas vacaciones resulta mucho más difícil que nuestra voz encuentre el necesario eco.
Pro todo ello nos vendría muy bien tu valioso apoyo, individual pero, también y sobre todo, COMO ASOCIACIÓN U ORGANIZACIÓN a la que perteneces.
Si lo consideras procedente puedes apoyar la campaña que hemos denominado:
“Para que el Derecho no se detenga a las puertas de los CIE”
de la siguiente manera:
1. Adhiriéndote –como asociación y/o individualmente si lo deseas– al Manifiesto que te adjuntamos. Para ello basta enviar un email con tu nombre, DNI y cargo en la asociación o profesión a la siguiente dirección: cie@inmigrapenal. com
2. Utilizando cualquier foro o cualquier medio a tu alcance (artículos en la prensa, coloquios, etc.) para manifestar vuestra preocupación por la situación jurídica y material de los CIE y vuestra oposición a la ampliación del plazo.
3. Difundiendo, si lo tienes a bien, tanto esta petición como el Informe jurídico que hemos realizado sobre el internamiento en el Proyecto y que hemos hecho llegar a todos los diputados.
Aunque el objetivo es difícil, estamos seguros de que entre todos yactuando rápidamente podremos conseguirlo.
Un abrazo,
Marga Martínez Escamilla
Catedrática de Derecho penal
Universidad Complutense de Madrid
Julián Ríos Martín
Profesor de Derecho penal
Abogado
El Proyecto de Ley de extranjería, para cuya tramitación urgente se ha habilitado el mes de agosto, introduce algunas de las sugerencias que formulamos desde la Plataforma, pero encierra trampas aún mayores como hacer imposible el empadronamiento de las personas en situación irregular y, por consiguiente, negar el ejercicio de derechos sociales y sanitarios, complicar enormemente las prestaciones a los menores, etc. Os rogamos la mayor difusión del mismo.
La Plataforma ciudadana “Salvemos la hospitalidad” surgió como respuesta a la precarización de valores como la hospitalidad, la solidaridad y los vínculos familiares, valores inalienables amenazados por el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería.
Desde aquí, y en primer lugar, queremos dar las gracias a las muchas personas y entidades de todo signo que nos han hecho llegar su apoyo y han enriquecido nuestras reflexiones.
A finales de junio, el Gobierno aprobó la presentación al Parlamento del Proyecto de Ley aunque, por los tiempos, no parece plausible que hubiesen podido estudiar el Informe del Consejo de Estado, emitido el día antes. Reconocemos que el Gobierno ha acogido algunas de nuestras sugerencias y ha rectificado en su redacción algunos incomprensibles errores de bulto que se contenían en el Anteproyecto.
Sin embargo, nos preocupan hondamente varias cuestiones que van al núcleo duro de valores como los que defendemos, comunes a lo mejor de todas las culturas, y que han encontrado su más lograda expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Nos referimos a tres aspectos concretos que el Proyecto de Ley compromete seriamente en su patente obsesión por “agravar el régimen sancionador” de la norma que desdice el título con que se presenta.
1.- El Proyecto sorpresivamente modifica la anterior redacción de la Exposición de Motivos y añade un párrafo nuevo nada inocente que, en su apartado VII, equipara, para todo el articulado de la ley, el término “residente” con el de persona extranjera con autorización de estancia o residencia legal.
Esta aparente “cuestión menor”, introducida fuera del desarrollo normativo, invisibiliza definitivamente a los inmigrantes sin papeles y revela una grosera falta de respeto a los valores éticos y democráticos, especialmente hacia los Derechos Humanos “universales” de segunda generación.
En efecto, siguiendo está lógica, el art. 6.3 de la LOEX, impediría el empadronamiento de extranjeros en situación irregular:
"los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que residan en el municipio y mantendrán actualizada la información sobre ellos".
De este modo, por mandato de la ley, miles de seres humanos que viven entre nosotros quedarían excluidos del efectivo ejercicio de derechos humanos sociales y sanitarios.
Incluso los menores que tienen garantizados por la Convención de los Derechos del Niño la plenitud de sus derechos verían comprometida la eficacia del derecho a la salud, a la escolarización, etc.
De no corregirse en sede parlamentaria este peligrosísimo derrotero, sus graves consecuencias sanitarias y sociales sobre sus víctimas y el resto de la población pronto se harán evidentes.
Sorprende cómo se reiteran torpemente los mismos errores.
Hace años, otro Gobierno restringió derechos humanos de primera generación (asociación, sindicación…) y el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otro modo, obligó a reincorporarlos.
El Proyecto lo hace, pero ahora un Gobierno de distinto signo comete idéntica tropelía, salvo que, en esta ocasión, con los derechos humanos de segunda generación (sociales, económicos…)
Esto pone de manifiesto cómo la legislación de extranjería, en general, supone una de las amenazas más fuertes para la cultura de los Derechos Humanos y reclama de los ciudadanos la más cuidadosa vigilancia hacia sus gobernantes.
En el presente caso, la limitación es de una gravedad extrema que contradice una elemental visión unitaria e integradora del ordenamiento jurídico: por ejemplo, la Ley de Bases del Régimen Local utiliza la expresión "vivan" en su sentido más amplio y generoso, en palmaria consonancia con lo que la naturaleza democrática y garantista del Padrón reclama.
2.- La redacción dada finalmente por el Proyecto al apartado c) del artículo 53.2 es inquietante:
“c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes”.
En efecto, esto mantiene la política, reflejada en la Exposición de motivos, de perseguir “a quienes faciliten el acceso y la permanencia de la inmigración en España”, pero sin las matizaciones necesarias y pertinentes que permitirían no equiparar comportamientos ética y jurídicamente contrapuestos.
Fruto de ello es que convierte en “actuación fraudulenta”, merecedora de graves sanciones, la de invitar y acoger a un extranjero por el mero hecho de que éste, unilateralmente, decida prorrogar la estancia de modo irregular en España.
La pretensión de asfixiar valores como la acogida y la solidaridad se solapan con el legítimo deseo de evitar el fraude de ley.
Pero, es tal la preocupación por “reforzar el régimen sancionador”, que se acaba pervirtiendo la lógica del buen Derecho.
Así, se invierte la carga de la prueba y se presume culpable al acogedor a partir de la conducta del acogido. Todo al revés.
Lo lógico, según la pretensión de la ley, sería sancionar al que infringe la ley cuando traspasa el plazo de residencia legal y también, si se prueba, al que ha actuado de manera voluntaria cometiendo un fraude de ley.
Pero presumir - por imperativo legal - que la prórroga de estancia del invitado implica una intención torticera en el acogedor es, además de un mal ejercicio de lógica jurídica, un atentado contra el sentido común, que sólo se puede entender desde la falta de respeto al valor sagrado de la hospitalidad hacia el forastero.
En efecto, es una auténtica aberración el desplazamiento de responsabilidad que se hace entre quien realiza el comportamiento ilícito (prorrogar voluntariamente la estancia fuera de la ley) y quien se limitó a invitar de buena fe a un pariente o amigo.
Poner en la tesitura al ciudadano, al amigo, o peor aún, al hermano, de tener que denunciar a alguien de su sangre, o echarle de casa o dejar de prestarle asistencia para no poder ser tachado de “invitador fraudulento”, es bastante más grave que un despropósito.
Ni siquiera la legislación criminal impone el deber de declarar o testificar contra un familiar por más grave que sea su delito.
Un ejemplo permitirá que esto se entienda fácilmente: un residente legal en España invita de buena fe a un hermano suyo a pasar los tres meses de verano en su casa; transcurre dicho periodo y el hermano visitante, por las razones que fueren, decide prorrogar su estancia. Esto provoca varias consecuencias crueles e injustas:
a) Automáticamente se presume, por exigencia de la ley de extranjería, que la carta de invitación que le hizo ¡es fraudulenta! Sin más prueba. Porque sí. Y ello, a pesar de que “en ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los demás requisitos exigidos para la entrada”1. b) Por consiguiente, el invitante se convierte en autor de una infracción “grave” sancionable con hasta 10.000 euros. La coletilla final del precepto da fe de la mala conciencia que anida en el redactor.
No, no es esta, de manera alguna, la forma de salvar la hospitalidad que esperábamos del Gobierno de España.
3.- En último término, pero no menos importante, el Proyecto de Ley modifica el sentido y pervierte la naturaleza jurídica del Padrón, el cual contiene datos de carácter personal sometidos a la tutela de la Administración Local y todo ello sin tocar la Ley de Bases del Régimen Local.
En ese sentido, constituye un flagrante ataque al valor ético de la hospitalidad el art. 53, 2 d) que sanciona el
“consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal, por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero”.
No se olvide que el legislador está pensando en este caso en el empadronamiento a título gratuito (en razón de hospitalidad altruista), pues el que se realiza con ánimo de lucro aparece sancionado como muy grave en el art. 54 1 e). Hagamos una vez más hincapié: estamos hablando, por tanto, de comportamientos solidarios.
El Proyecto olvida que el Padrón es un registro que sólo tiene eficacia censal, da fe de quienes viven, pero no prueba la residencia legal.
Mutar el sentido del padrón es pervertir su naturaleza y darle una orientación represiva político-social de la que siempre ha carecido.
La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el padrón (Ley 4/96, art.15). Se trata de un acto de ejercicio de ciudadanía y la ley no debería aplicarse en retorsión de la misma.
En efecto, el Padrón municipal es una herramienta democrática con dos funciones:
a) Servir de soporte para asegurar el derecho al voto de los ciudadanos censados;
b) Posibilitar la planificación de políticas de bienestar para los ciudadanos, contando con datos estadísticos que faciliten el acceso al ejercicio de otros derechos.
Por si queda alguna duda respecto a la funcionalidad del censo padronal, la Resolución de 4 de julio 1997 INE y Cooperación Territorial: nº4 (BOE 25.07.97) señala literalmente:
“Las infraviviendas deben figurar como domicilios válidos en el padrón... Se debe aceptar como domicilio cualquier dirección... puede y debe recurrirse a una “dirección ficticia” en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes... pudiendo ser la de los propios Servicios, la del albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde ese vecino suele pernoctar, etc. La circunstancia de que una persona carezca de techo no debe privarle de su derecho al sufragio, para lo cual es requisito imprescindible que esté inscrita en el Padrón...”
Ello justifica que con frecuencia sean los propios servicios sociales municipales los que se dirigen a Cáritas o a las ONG para pedirles empadronar a personas en situación de vulnerabilidad pues, en otro caso, no se pueden tramitar las ayudas sociales.
Por consiguiente, la inscripción en el padrón no es un acto administrativo idóneo para que de él se extraigan consecuencias jurídicas ajenas a su función...Y los gestores del Padrón no necesitan realizar ninguna actuación especial en relación con las inscripciones padronales correspondientes a extranjeros, y menos sin estar recogidas en la ley que les es propia y de general aplicación a españoles y a extranjeros.
Si se mantiene esta regulación, lejos de evitar lo que parece que se quiere evitar (los pisos patera), se puede llegar a provocar una situación de grave riesgo e indefensión para muchos y de peligro para la salud pública: el no empadronado no tiene tarjeta sanitaria, no va al médico, acaba no vacunando a sus hijos y se convierte en un factor patógeno. ¡Los virus no entienden de leyes de extranjería!
4.- Por todo ello, solicitamos la supresión de los preceptos cuestionados y de la equiparación genérica mencionada en la Exposición de Motivos. No aportan demasiado a los fines que el Gobierno pretende y sus contraindicaciones son inasumibles para la democracia y los derechos humanos.
José Luis Segovia Bernabé. Profesor de universidad. Salamanca María Dolores Rodríguez Peláez. Ciudadana. Julián Carlos Ríos Martín. Profesor de universidad. Madrid Miguel Santiago. Profesor de Instituto. Córdoba Ramón Sáez Valcárcel. Magistrado. Madrid Daniel Izuzquiza Regalado. Sacerdote jesuita. Madrid Pilar Sánchez Álvarez. Abogada. Madrid Enrique Romá Romero. Veterinario. Alicante Javier Baeza Atienza. Sacerdote. Madrid Guillermo Toledo. Actor Félix Pantoja García. Fiscal Luis Guitarra. Cantautor. Madrid Siro López. Artista. Madrid Rafael Pascual Díez. Abogado. Madrid Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad. Madrid Vanessa Casado Cabalero. Abogada. Sevilla"
Empacó un par de camisas, un sombrero Su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos
Empacó sus ganas de quedarse Su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado
Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa Y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa El resguardo de los suyos
Y perforó la frontera Como pudo
Si la Luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno
Porque el mojado precisa Comprobar con visas que no es de Neptuno
El mojado tiene ganas de secarse El mojado, esta mojado por las lagrimas que evoca, la nostalgia El mojado, el indocumentado Carga el bulto que el legal no cargaría Ni obligado
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue.
Si la Luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno
Porque el mojado precisa Comprobar con visas que no es de Neptuno
Mojado Sabe a mentira tu verdad Sabe a tristeza la ansiedad De ver un freeway y soñar con la vereda Que conduce hasta tu casa.
Mojado, mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste.
Si la Luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno
Porque el mojado precisa Comprobar con visas que no es de Neptuno
Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte; por que te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.
Miles de sombras cada noche trae la marea, navegan cargaos de ilusiones que en la orilla se quedan. Historias del día día, historias de buena gente. Se juegan la vida cansaos, con hambre y un frío que pela. Ahogan sus penas con una candela,ponte tu en su lugar, el miedo que en sus ojos reflejan,la mar se echo a llorar.
Muchos no llegan, se unden sus sueños papeles mojaos, papeles sin dueño. Muchos no llegan, se unden sus sueños papeles mojaos, papales sin dueño.
Fragiles recuerdos a la deriva degarran el alma, calaos hasta los huesos, el agua los arrastra sin esperanza. La impotencia en su garganta con sabor a sal, una bocanada de aire le da otra oportunidad.
Tanta injusticia me desespera, ponte tu en su lugar, el miedo que en sus ojos reflejan, la mar se echo a llorar.
Tanta injusticia me desespera, ponte tu en su lugar, el miedo que en sus ojos reflejan, la mar se echo a llorar.
Muchos no llegan, se unden sus sueños papeles mojaos, papeles sin dueño. Muchos no llegan, se unden sus sueños papeles mojaos, papeles sin dueño.
Muchos no llegan, se unden sus sueños papeles mojaos, papeles sin dueño. Muchos no llegan, se unden sus sueños papeles mojaos, papeles sin dueño.